En el aniversario del movimiento «Ni una menos», nos encontramos frente a una dolorosa realidad en Argentina. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, los feminicidios siguen siendo una triste realidad en nuestro país.
Durante el año 2022, la Justicia argentina registró un feminicidio cada 35 horas, según datos publicados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.
Estas cifras son alarmantes y nos confrontan con la urgencia de abordar este problema de manera efectiva.
El Registro Nacional de Femicidios, llevado a cabo por el alto tribunal, revela que hubo 252 víctimas mortales por violencia de género el año pasado, una cifra similar a la del año anterior.
Aunque es alentador ver una disminución del 10,3% en comparación con los registros desde 2017, aún queda mucho por hacer.
Es importante destacar que la mayoría de los feminicidios ocurren dentro de los hogares, lejos de la imagen estereotipada del agresor desconocido en la calle.
Según el registro judicial, el 88% de los casos en 2022 mostraron que las víctimas tenían un vínculo previo con el agresor. En el 59% de los casos, el perpetrador era la pareja, expareja o mantenía una relación afectiva con la víctima.
Estos datos nos muestran que el hogar, teóricamente un lugar de seguridad, se ha convertido en un peligro para muchas mujeres.
Sin embargo, no todo está perdido. La ley Micaela, implementada en 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que ocupan cargos en el ámbito público.
Esta ley es fundamental para sensibilizar y concientizar a quienes tienen la responsabilidad de brindar justicia y protección a las víctimas de violencia de género.
A pesar de los avances, todavía existen asignaturas pendientes. Es necesario incluir la perspectiva de género en los concursos para cargos judiciales, ejecutivos y legislativos, así como crear foros especializados y juzgados específicos en todas las jurisdicciones del país.
Además, se deben implementar sistemas de turno las 24 horas para garantizar una protección integral y efectiva a las mujeres en situación de violencia.
Hoy, en este nuevo 3 de junio, diferentes organizaciones y mujeres de todo el país se unen en movilizaciones para apoyar las consignas de «Ni una menos».
Es un momento para reflexionar sobre los avances logrados, pero también para exigir un compromiso firme por parte del Estado en la lucha contra la violencia de género.
Es hora de que la sociedad civil y los tres poderes del Estado trabajen juntos para implementar políticas públicas efectivas que prevengan la violencia de género y brinden apoyo y acompañamiento a las víctimas.
La transformación no sucede de la noche a la mañana, pero debemos seguir luchando incansablemente por un futuro donde no haya más feminicidios.
La violencia de género es una problemática multicausal y compleja, por lo que requiere un abordaje integral, multidisciplinario y federal. Exijamos cambios reales y duraderos para que todas las mujeres y personas con identidades femeninas vivan libres de violencia y temor.
