Los disturbios mortales en las cárceles hondureñas han llevado al ejército a tomar medidas drásticas para restaurar el orden y la seguridad.
Tras la tragedia que dejó decenas de muertos en un centro de detención de mujeres, las autoridades han decidido entregar el control del sistema penitenciario a la policía militar.
La presidenta Xiomara Castro, en un cambio de postura, ha optado por la militarización de la seguridad en las prisiones, con el objetivo de combatir la actividad del crimen organizado que ha proliferado en el interior de las cárceles.
Esta medida busca garantizar la seguridad tanto para los reclusos como para el personal penitenciario.
El video oficial difundido muestra la impresionante escena en la prisión de alta seguridad de Tamara, donde cientos de reclusos varones se encuentran tumbados en el suelo, desarmados y bajo la custodia de soldados fuertemente armados.
Esta imagen remite a la estrategia implementada en El Salvador, país vecino, que también reforzó la seguridad en sus cárceles en un intento de frenar la influencia de las pandillas.
Tamara, con una capacidad para 2.500 reos, alberga a más de 4.200, lo que ha generado una situación de hacinamiento insostenible. Este penal, junto con La Tolva, fue tomado por la policía militar en el inicio de esta intervención.
En Honduras, se estima que hay alrededor de 20.000 reclusos distribuidos en 26 prisiones, muchas de las cuales se encuentran superpobladas, superando en un 34,2% su capacidad según un informe de Naciones Unidas.
Durante la toma de control, la policía militar logró incautar un arsenal de armas, incluyendo pistolas, ametralladoras, municiones, cargadores y granadas, en una zona ocupada por la pandilla Barrio 18.
Este importante hallazgo evidencia la grave situación de violencia y el poderío que estas organizaciones criminales han llegado a tener dentro de las prisiones.
El coronel Fernando Muñoz, portavoz de las Fuerzas Armadas, expresó en una conferencia de prensa que esta intervención marcará el fin de la corrupción en los penales, asegurando que se implementarán medidas para evitar la comunicación de los reclusos con el exterior y así prevenir extorsiones y ejecuciones ordenadas desde las cárceles.
Con esta decisión, el gobierno hondureño busca enviar un mensaje contundente de que no tolerará la impunidad y la violencia en sus prisiones. La militarización de las cárceles pretende restablecer el control, salvaguardar la vida de los internos y garantizar la seguridad de la sociedad en general.
Sin embargo, queda por verse si esta medida logrará erradicar de raíz los problemas estructurales que han permitido el auge del crimen organizado en el sistema penitenciario del país.
