Honduras ha tomado una decisión contundente al entregar el control de gran parte de su sistema penal a la policía militar, en respuesta al trágico motín ocurrido recientemente en una prisión que dejó casi 50 personas fallecidas.
Esta medida forma parte de una nueva estrategia gubernamental para combatir la creciente ola delictiva en el país centroamericano.
El gobierno hondureño ha anunciado que ampliará el estado de emergencia, suspendiendo temporalmente algunos derechos constitucionales en territorios adicionales y durante un período prolongado.
Asimismo, se fortalecerá el papel de las fuerzas armadas en los esfuerzos de seguridad a nivel nacional. Estas medidas buscan enfrentar con determinación y eficacia el crimen organizado y las actividades de las pandillas en Honduras.
En un movimiento sorprendente, se ha revelado que el gobierno tiene previsto convertir islas ubicadas a cientos de kilómetros de la costa en colonias penales destinadas a albergar a líderes de pandillas considerados «altamente peligrosos».
Esta iniciativa busca aislar a los delincuentes más peligrosos de la sociedad hondureña y evitar su influencia en otros centros penitenciarios.
El presidente Castro ha manifestado su compromiso de tomar «medidas drásticas» para abordar las preocupantes situaciones de violencia que se han registrado en el sistema penitenciario hondureño.
En particular, ha denunciado un ataque organizado por pandilleros, con complicidad de los guardias, que resultó en la muerte de reclusas en una prisión para mujeres. Este incidente ha dejado en evidencia la complejidad de los desafíos que enfrenta el país en términos de seguridad y corrupción.
El enfrentamiento ocurrió entre dos poderosas pandillas: Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), ambas de origen estadounidense, que luchan por el control del narcotráfico y los territorios de extorsión. Estas bandas criminales, además de enfrentarse entre sí, representan una amenaza constante tanto para la población como para las autoridades.
Según las autoridades, los disturbios registrados en la prisión pueden haber sido una represalia a las medidas implementadas por el gobierno para combatir la corrupción y el control de las pandillas dentro del sistema penitenciario.
Como respuesta, el gobierno de Castro ha destituido a todos los miembros del comité encargado de supervisar la seguridad en las cárceles y ha devuelto el control de 21 de las 26 prisiones del país a la policía militar.
Cabe destacar que al inicio de su mandato, Castro había transferido el poder a la policía nacional, retirando a la policía militar de la supervisión carcelaria.
En paralelo, el gobierno ha ampliado el estado de emergencia para incluir áreas adicionales del país. Esta medida ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, ya que permite a las autoridades restringir la libertad de movimiento y reunión, así como llevar a cabo allanamientos y arrestos sin una orden judicial.
Es importante resaltar que la situación carcelaria también ha puesto en evidencia la necesidad de revisar la situación de las mujeres detenidas en la prisión donde se desató el motín.
El gobierno ha solicitado al poder judicial que reconsidere la detención de aquellas mujeres que aún no han sido juzgadas, así como de aquellas que padecen enfermedades terminales. Este llamado busca garantizar un trato justo y humano para las reclusas en estas circunstancias particulares.
En conclusión, Honduras está adoptando medidas drásticas y contundentes para hacer frente a la problemática de la seguridad y el crimen organizado en su sistema penal.
Si bien estas acciones buscan restablecer el orden y garantizar la protección de la sociedad, también generan interrogantes y preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y las posibles consecuencias a largo plazo.
El desafío ahora radica en encontrar un equilibrio que permita garantizar la seguridad de la población sin descuidar los principios fundamentales de justicia y respeto a los derechos de todos los individuos involucrados en el sistema penitenciario hondureño.
