Miles de personas participaron este martes en las marchas convocadas en Bolivia para pedir la libertad de Luis Fernando Camacho. Santa Cruz propuso una lucha en todo el país por la recuperación del Estado de Derecho, la democracia y la libertad de los presos políticos, en medio de varias manifestaciones a las que se sumaron otras regiones como La Paz, donde hubo enfrentamientos entre grupos oficialistas y plataformas ciudadanas.
Esta jornada, las plataformas cívicas de varias de las nueve regiones del país convocaron a manifestarse contra la reciente detención del gobernador opositor de Santa Cruz, con críticas al sistema judicial al que se acusa de ser un “instrumento de persecución” del Gobierno del presidente Luis Arce. La movilización principal aglutinó a miles de manifestantes en la oriental Santa Cruz, la mayor región boliviana, con una marcha que llegó hasta la plaza principal de esa ciudad bajo la consigna de “libertad” para el país y la “liberación” para Camacho.
En un discurso el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que con la detención de Camacho “la democracia y el Estado de Derecho están heridos de muerte” en Bolivia y manifestó que “se ha formalizado” la instauración de una “dictadura”. El líder cívico anunció un “estado de emergencia permanente” y exigió la libertad de más de 180 presos políticos por lo que adelantó que se tomarán acciones “que se ampliarán con contundencia” contra el “autoritarismo” del Gobierno.
En La Paz se produjeron incidentes entre los grupos cívicos que se sumaron al pedido de la libertad del gobernador cruceño y los grupos oficialistas, conformados principalmente por funcionarios públicos y militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Una marcha que se realizó en el sur de la ciudad fue interrumpida por la acción de un grupo de oficialistas que salieron a ese encuentro para después activar petardos y bengalas directamente hacia los que cuestionaron al Gobierno.
El grupo afín al Gobierno aseveró que se agruparon espontáneamente para evitar un nuevo intento de “golpe de Estado” y demandaron 30 años de cárcel para el gobernador Camacho.
