La opositora María Corina Machado ha sido confirmada como inhabilitada por la Contraloría General de Venezuela. La precandidata, inscrita para participar en las primarias de octubre y con miras a las elecciones presidenciales de 2024, no podrá competir por un cargo de elección popular durante los próximos 15 años.
El diputado José Brito informó sobre esta decisión, señalando que la Contraloría argumenta que la investigación patrimonial realizada reveló errores y omisiones en las declaraciones juradas de Machado, poniendo en entredicho la ética pública y la moral administrativa del régimen venezolano.
La Contraloría detalla que se detectaron fondos administrados sin justificar, representando casi el 50% de los fondos evaluados, los cuales se componen de depósitos y notas de crédito cuyo origen no ha sido identificado en bancos nacionales y extranjeros.
Además, se le atribuye a Machado su participación en una supuesta trama de corrupción liderada por el exdiputado opositor Juan Guaidó, que habría generado un bloqueo criminal al régimen venezolano y el despojo de empresas y riquezas del país en el extranjero.
La medida de inhabilitación política no especifica desde cuándo comenzará a regir, ya que en 2015 Machado también fue sancionada por un año debido a la omisión de conceptos laborales en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió postularse como diputada en ese entonces.
Ante esta decisión, María Corina Machado calificó la inhabilitación como inútil y afirmó que el régimen sabe que está derrotado. A través de Twitter, declaró que el pueblo de Venezuela será quien habilite su participación en las primarias y reiteró su compromiso con la lucha por la democracia.
Por su parte, la Plataforma Unitaria, coalición de la oposición venezolana, rechazó la medida y la consideró una violación a los derechos políticos de los ciudadanos. Henrique Capriles, opositor y también candidato en las primarias, señaló que la inhabilitación es inconstitucional, infundada y vergonzosa, y llamó a la oposición a resistir y no renunciar al derecho al voto.
La decisión de la Contraloría General de Venezuela genera un fuerte debate sobre el estado de la democracia en el país y la limitación de los derechos políticos de la oposición.
La opinión pública y la comunidad internacional están atentas a los acontecimientos, mientras los líderes opositores buscan estrategias para superar los obstáculos impuestos y continuar con su lucha por un cambio político en Venezuela.
