El régimen boliviano de Luis Arce continúa debilitando los derechos humanos en el país. En medio de las protestas que desde el pasado 28 de diciembre tienen lugar en diversas ciudades, tras la detención del gobernador de Santa Cruz Luis Fernándo Camacho -tildada de “secuestro”-, este viernes la misión de la ONU en el país cesó sus funciones.
El director para las Américas de Human Rights Watch, César Muñoz, denunció esto con una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en los que alertó del nuevo avance del líder del MAS sobre los derechos humanos en Bolivia. “El gobierno de Luis Arce debilita la defensa de los derechos humanos”, comenzó señalando y agregó luego que “al decidir no renovar el mandato de la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, deja a las bolivianas y bolivianos sin una entidad imparcial muy importante para que vigile los DDHH”.
Esta oficina había desembarcado en el país en 2020 luego que de la ex Alta Comisionada Michelle Bachelet dispusiera comenzar una investigación a las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de la crisis política que tuvo lugar en 2019 tras las elecciones tildadas de fraudulentas que obligó a Evo Morales a dimitir de la presidencia. Desde entonces, el organismo extendió su permanencia en dos ocasiones, con la primera ampliación hasta diciembre de 2021 y, la segunda, con fecha límite del 31 de diciembre de 2022.
En este tiempo, detalló Muñoz, el trabajo de la Oficina ha sido muy importante y ha logrado brindar protecciones básicas a la ciudadanía. Entre ello, dio apoyo técnico para reformar la Justicia, monitoreó el proceso contra la ex presidente interina Jeanine Áñez -quien fue condenada a 10 años de prisión en el marco de la causa ‘golpe de Estado II’-, y promovió el diálogo para superar la polarización y los derechos de las personas LGBT, presos, mujeres, víctimas y otros grupos.
Es por ello que, con la salida de esta comisión, “el mensaje que envía el gobierno de Luis Arce a la comunidad internacional es claro: no quiere instancias internacionales que examinen de cerca sus prácticas contra los derechos humanos”, continuó Muñoz y advirtió que “la principal víctima de esta decisión es, lamentablemente, la ciudadanía boliviana”.
A esto se sumó la voz de la senadora del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, quien denunció que el MAS tiene un “plan negro” contra los Derechos Humanos y mencionó: “En este momento, nuestra desprotección es enorme porque no existen otras instancias de defensa de los derechos humanos que tengan asiento en el país, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch”.
Por su parte, luego de confirmar la salida del país de la misión, el Ministerio de Exteriores del país negó que se tratara de una expulsión y, en cambio, explicó que se trató del fin de un ciclo que ya “se había acordado anticipadamente con el Estado”.
