La demanda presentada por un grupo de ciudadanos chinos residentes en Florida ha generado un importante debate en el estado. Los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), buscan derogar una nueva ley estatal que prohíbe a los ciudadanos chinos y de otros países ser propietarios de casas y terrenos en Florida.
Según los demandantes, esta ley, que entrará en vigencia el próximo 1 de julio, es inconstitucional y viola la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda. La medida estatal impide que las personas «domiciliadas» en China, y que no sean ciudadanos estadounidenses ni tengan una tarjeta verde, sean propietarias de inmuebles en Florida.
Además, la ley también restringe la propiedad a la mayoría de los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte, dentro de un perímetro de 10 millas alrededor de instalaciones militares o de infraestructura crítica.
Solo se permite una excepción para aquellos con visas de no turistas, quienes podrán poseer una propiedad que no esté ubicada a menos de cinco millas de infraestructura crítica y que no exceda las dos acres.
La ley fue promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien argumentó que esta medida ayudaría a proteger a los estadounidenses de la influencia del Partido Comunista Chino. Aquellas personas que violen esta ley estarán sujetas a cargos penales, multas y prisión.
La ACLU sostiene en su demanda que esta legislación estatal viola las disposiciones constitucionales que garantizan la igualdad de protección y el debido proceso. Además, afirma que esta ley también contraviene la Ley Federal de Vivienda Justa, la cual prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la raza y el origen nacional.
La demanda hace una comparación con las antiguas «leyes de tierras extranjeras» que fueron adoptadas en los estados de EE. UU. a principios del siglo XX, las cuales prohibían a los inmigrantes chinos y japoneses ser propietarios de tierras.
La mayoría de estas leyes fueron anuladas por los tribunales en la década de 1950, aunque en Florida una de ellas permaneció vigente hasta 2018, cuando los votantes aprobaron una medida electoral para derogarla.
Este caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la propiedad y la discriminación en el acceso a la vivienda. Mientras tanto, los ciudadanos chinos y otros afectados por esta ley esperan que se haga justicia y se derogue esta medida discriminatoria.
La resolución de esta demanda podría tener implicaciones significativas en términos de derechos civiles y protección contra la discriminación en el estado de Florida.
